Comunicado ante la respuesta de la Fiscalía

La Fiscalía reconoce que el derecho a la salud está siendo vulnerado pero recusa su obligación de investigar las causas y a los responsables.

El pasado 14 de mayo el Fiscal Delegado de Medio Ambiente en Barcelona, José Joaquín Pérez De-Gregorio Capella, nos comunicó su decisión de archivar la denuncia presentada por la PARS por un presunto delito «contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes del artículo 542 del Código Penal».

Esta respuesta está siendo estudiada por nuestro equipo jurídico. No obstante, tras un primer análisis, nuestra impresión es que se trata de un revés relativo.

Relativo por sus omisiones, por la falta de rigor y fundamentación y porque, aunque nos informa de que no procede recurso contra su decisión, nos abre otras vías que están estudiando nuestros juristas.

Es un revés relativo porque la propia Fiscalía reconoce en su argumentación ser:

…plenamente consciente de la grave problemática que la actual crisis económica supone para el sistema público de prestaciones y servicios sanitarios, y que las medidas acordadas por los responsables de las administraciones sanitarias están causando un constatable perjuicio a la presentación pública de aquellos servicios, perjuicio que recae, de forma particularmente grave y sin culpa alguna de ello, sobre aquellos ciudadanos y sectores sociales menos favorecidos económicamente.

Consideramos que este reconocimiento explícito por parte de la Fiscalía es muy importante.

Es un revés relativo porque la Fiscalía no dice que los hechos denunciados no sean constitutivos de delito. Nos comunica que «no queda acreditado el presunto factum denunciado» en los hechos descritos en la denuncia. Desde nuestro punto de vista no es sostenible lo que argumenta, ya que dicha acreditación corresponde a la Fiscalía comprobarla (y no a la ciudadanía como parece pretender el Fiscal), iniciando las investigaciones que le solicitábamos sobre la vulneración del derecho a la salud, derecho que vertebra y que está en el ADN de nuestro sistema democrático. Sin ese derecho fundamental, que la Fiscalía reconoce que está en grave peligro debido a las decisiones de los responsables políticos, no existe democracia.

Finalmente, cuando el Fiscal se refiere a las incompatibilidades, omite cualquier referencia al Conseller de Salut, Don Boi Ruiz Morón, donde es patente su incompatibilidad (documentada en la denuncia, pág. 56), al ser Presidente y dueño, junto con su mujer y sus hijos, de una empresa privada relacionada con servicios sanitarios. El Fiscal, sorprendentemente, entiende que esto no es un indicio y lo pasa por alto en su respuesta.

La Fiscalía ha declarado que no quiere investigar. Pero no nos rendimos, seguiremos exigiendo que nuestros derechos sean respetados y que los culpables de su vulneración sean condenados. La Fiscalía, como institución que tiene a su cargo constitucionalmente la defensa de «los derechos de los ciudadanos», nos ha defraudado. No cesaremos en nuestra lucha y acudiremos a otras instancias judiciales para exigir justicia, porque cuanto hemos denunciado exige, al menos, una rigurosa investigación que esclarezca las causas y formas de destrucción del derecho a la salud dirigidas por el Gobierno de Catalunya.

Os mantendremos informados de las siguientes acciones. Queremos dar las gracias a todas las personas anónimas que con sus adhesiones se están implicado en este proyecto colectivo nacido de la ciudadanía. Sabemos que entre todas ¡sí se puede!