Tus derechos

Cuando oímos decir que los recortes son necesarios y que no hay más remedio, incluso los que no están de acuerdo pueden pensar que el Govern tiene el derecho y la facultad para hacer lo que considere necesario. Vamos, que no hay más remedio que aguantarse y como mucho podemos salir a las calles a protestar o cambiar nuestro sentido del voto en las próximas elecciones. Sea porque nos vienen impuestos desde “Madrid” o “Bruselas”, o por razones ideológicas, o porque “no hay dinero” o porque “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, pensamos que no podemos hacer otra cosa. Pero el descalabro que ha provocado el Govern en la sanidad pública tiene límites: los que marca la Ley.

El sistema sanitario en nuestro país está ampliamente regulado en las leyes. Empezando por los acuerdos internacionales, la Constitución y la Ley General de Sanidad impulsada por Ernest Lluch (con 113 artículos, 10 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y 15 disposiciones finales), el derecho a la salud está pródigamente desarrollado en multitud de leyes, decretos ley, reales decretos, órdenes, normas, instrucciones… El objetivo de esta extensa regulación es poner por escrito y exigir los mínimos que deben cumplir los gobernantes y el resto de responsables para garantizar que la ciudadanía acceda al derecho a la protección sanitaria. Y son precisamente las medidas arbitrarias del Govern de la Generalitat, que nadie apoya fuera del propio gobierno, las que podrían no cumplir estos mínimos. Las leyes y el resto de regulaciones vigentes no son un brindis al sol sino que forman parte de las obligaciones que todo ciudadano debe cumplir, con más motivo si se es un servidor público cuya función es velar por el interés general. Por ejemplo, existen normativas que dictan el número máximo de ciudadanos a los que puede dar servicio un ambulatorio, el tiempo máximo de espera para ser operado o el tiempo máximo que los servicios sanitarios pueden tardar en atender a un paciente que está en su domicilio en caso de urgencia. El cierre de ambulatorios, quirófanos, plantas y camas no pueden traspasar esos límites. Si tenemos sospechas de que no se están cumpliendo, además de denunciarlo en las calles, en la red, entre nuestros amigos, compañeros de trabajo, familia, compañeros de clase… estamos obligados (también por ley) a acudir a los Tribunales a denunciarlo. Y eso es lo que hemos hecho.

Es habitual pensar que los derechos que marca la Ley son abstractos. Es cierto que el “derecho a la protección de la salud” que está en el artículo 43 de la Constitución es difícilmente medible de forma objetiva. Y también es posible que razonemos que el derecho a la salud es como el “derecho a una vivienda digna y adecuada”, también incluido en la Constitución, aunque sea un derecho que manifiestamente una parte importante de la ciudadanía, la más desfavorecida, no puede ejercer. Pero hay una diferencia muy importante entre ambos derechos. Mientras que el de la vivienda está pobremente desarrollado en la Ley, el de la salud está extensamente legislado y en comparación está altamente protegido. Este es uno de los motivos por el que nuestra sanidad pública es una de las mejores del mundo. Esto es así no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los informes de organismos internacionales como el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud. Y no sólo afirman que es (o mejor dicho, era) de alta calidad, sino que además es de los más baratos del mundo.

Decía Antonio Machado que “es de necios confundir valor y precio”. Efectivamente, los derechos de la ciudadanía no tienen precio, pero sí un valor incalculable. Las Administraciones públicas deben garantizarlos y no pueden basarse en argumentos económicos para recortalos hasta impedir su ejercicio. Así lo expresa de forma rotunda una Sentencia del año 2011 del Juzgado de lo Social nº 9 de Barcelona. En ella se razona que: “La doctrina de los Tribunales laborales ya ha declarado que resulta difícil la admisión de la causa económica para fundamentar el despido objetivo de entes dependientes de las Administraciones Públicas y ello debido a la ausencia de actividad lucrativa y de obtención de beneficios”, incorporándose al razonamiento una Sentencia del TSJC, que excluye la posibilidad de que un organismo de la Administración Pública tenga como finalidad “la obtención de beneficios”. Dice así: “No es esta la finalidad de los organismos públicos, sino la de prestar servicios a los ciudadanos, gestionando aquellas actividades e intereses de carácter público de la comunidad que tengan atribuidas por ley…”. Estas y otras son resoluciones judiciales que, si bien abordan otra clase de derechos individuales y sociales, contribuyen a definir un criterio judicial dominante donde predominan los intereses públicos sobre razones económicas y donde el deber de prestación social es superior a los intereses económicos que suelen argüirse. En actualidad, y en el ámbito laboral sanitario, existen Expedientes de Regulación de Empleo aprobados por la administración catalana recurridos por idénticas razones. Es el caso del ERE del Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, paralizado en febrero de 2012 tras el recurso presentado por el sindicato Metges de Catalunya.

No es cierto que los gobiernos puedan hacer lo que les dé la gana en materia de recortes. Los gobernantes deben ajustarse a la Ley y deben responder ante los Tribunales si la traspasan. El derecho a la salud es uno de los pilares básicos del Estado Social, y el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, la base del Estado democrático de derecho.